HAY QUE ACLARAR...

DIJO EL LECHERO...

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha divulgado continuamente, entre muchas otras, las siguientes falacias que deben ser desenmascaradas:

Hay un lockout patronal. Las 4 principales entidades del campo reclaman hoy juntas la disminución de las retenciones porque eso las beneficia a todas por igual. Los demás intereses fueron, son y serán conflictivos. Los grandes terratenientes están representados por la Sociedad Rural, los pequeños y medianos por la Federación Agraria nacida del Grito de Alcorta (1912). Un capitalista terrateniente vive en la ciudad y explota o arrienda sus campos. Los pequeños productores viven en el campo, son sus propios patrones pero también contratan mano de obra, mucha más que los grandes. El término "lockout", históricamente usado para las fábricas que cerraban sus instalaciones dejando sin trabajo a los obreros, no sólo es inadecuado, es una media verdad que sólo genera enfrentamientos estériles.

La soja degrada la tierra. La soja es una leguminosa, como el trébol de jardín. Como todas las leguminosas, abona la tierra. Como todos los cultivos, extrae nutrientes de la tierra, aunque menos que la mayoría de ellos. La mejor opción de conservación es rotar los cultivos, especialmente con la ganadería, lo que requiere incentivos o disuasivos apropiados, sobre todo para los que usan la tierra como un bien de capital (caso de los pooles de siembra que el alto valor del dólar fomenta), no como una forma de vida.

El cultivo de soja desalienta el del trigo. Una de las razones que hacen tan rentable el cultivo de soja es que permite doble cosecha, a veces triple, combinándola con la de trigo. Éste se siembra en invierno y cuando se levantó su cosecha, se siembra soja. Argentina produce varias veces la cantidad de trigo necesaria para alimentar a todos sus habitantes. Las retenciones a la soja sobrarían para comprar la totalidad de la cosecha de trigo.

La soja no es un alimento. Tampoco lo es el trigo sin procesar, primero hay que convertirlo en harina. El mayor uso de la soja es como alimento en la ganadería intensiva, reemplazando las grandes pasturas inviables cuando la tierra es cara, como en la Argentina de hoy. Una de las razones de la disminución de la ganadería argentina es que sigue usando mayoritariamente el método colonial extensivo. Cuando nuestra ganadería se actualice tecnológicamente, se va a necesitar soja para poder comer carne.

La soja es un yuyo que crece solo. El cultivo de soja es el tecnológicamente más actualizado de la agricultura argentina. La semilla transgénica es plantada por máquinas sembradoras que dispensan automáticamente el fertilizante y otros aditivos controlados por GPS. Los yuyos de verdad no se sacan a mano, se matan con el herbicida glifosato, al que sólo la semilla transgénica es resistente. Los porotos son recogidos por máquinas cosechadoras con control (por computadora) de humedad y otras características críticas. Los verdaderos problemas de la soja son otros: no hay seguimiento oficial de las consecuencias de la difusión de los transgénicos (Argentina es el 2do país del mundo que más los usa) ni de los efectos residuales del glifosato sobre los suelos y las personas; no se controla la tala de bosques por rentabilidad (el gobierno de Salta desafectó una reserva natural para permitir sembrar soja); ocupa escasa mano de obra; la alta tecnología usada sólo la hace viable para los grandes productores o los agrupados en pooles de siembra; la agrupación cooperativa de los pequeños productores es inviable porque no hay créditos baratos para ellos. Para dar trabajo agrario abundante hay que fomentar producciones alternativas intensivas en mano de obra, como la fruta fina, lo que no se hace.

Las retenciones sirven para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. La reciente decisión de destinar las retenciones a la construcción de hospitales y caminos rurales se pondrá en práctica recién cuando lo recaudado supere el 35% del valor del grano puesto en barco. Actualmente el porcentaje es sólo del 24% y es poco probable, en el contexto actual, que nunca lo supere. Las retenciones se usan para otras cosas, entre las cuales no son un monto menor los subsidios a grandes empresarios para que vendan o presten servicios a precios razonables. Incluyendo las petroleras, a quienes en promedio la extracción del barril de petróleo les cuesta 8 dólares, pero el PEN, con retenciones proporcionalmente mucho menores que las del agro, les permite venderlo a $ 47. Cuando falta combustible, como hoy, no se impone la "soberanía energética", se mantiene una muda complicidad.

Hay que derrotar al modelo agropecuario de país. Buena producción agropecuaria no es lo mismo que un país gobernado por los productores agropecuarios. De hecho, Argentina nunca lo fue, ni siquiera en la época en que éramos el granero del mundo. Los capitalistas de todos los tiempos ganan dinero con el mejor negocio del momento, caso de (salteándose unos cuantos): ganadería vacuna entre 1820 y 1850; ferrocarriles entre 1860 y 1920; frigoríficos entre 1890 y 1930; especulación inmobiliaria en la década de 1880; azúcar entre 1880 y 1930; industria protegida entre 1930 y 1976; comoddities, en especial soja y petróleo, desde 1990 hasta la actualidad. A lo largo de toda su historia, sin excepción, la producción agropecuaria fue la que generó las divisas que hicieron posible importar todo lo que no fabricamos y eso sigue siendo cierto hoy. La producción agropecuaria es nuestra ventaja comparativa por la fertilidad de nuestros suelos y la calidad de nuestras (hoy escasas) carnes.

Soberanía alimentaria. Se afirma que las "retenciones" (en realidad, derechos de exportación) garantizan la "soberanía alimentaria". El derecho a la comida de los aproximadamente 4 millones de indigentes que tiene el país se aseguraría con un sistema de seguridad social, no clientelista (los opositores indigentes también tienen derecho a la vida), que asegure un porcentaje apropiado del costo mensual de una canasta alimentaria básica. Ese monto es aproximadamente igual al de las retenciones a los granos. Claro está, tiene el "problema" de que si se da "indiscriminadamente" se acabó el sistema clientelista de cambiar comida por votos.

Las "retenciones" son atribuciones del Poder Ejecutivo nacional. El art. 2 del proyecto de ley de ratificación de la resolución 125/2008 cita como fuente de esta atribución al art. 755 del Código Aduanero sancionado por ley 22.415 de la última dictadura militar. La Aduana se ocupa del comercio exterior, que las retenciones gravan. El establecimiento de los derechos de exportación es atribución exclusiva del Congreso. El art. 75 de la Constitución Nacional, cuando enumera lo que le "corresponde al Congreso", establece en su inciso 1: "Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación". Estos recursos fiscales ignoran, porque no están diseñados para ellos, las diferencias entre las diversas regiones productoras del país. Mal pueden servir como instrumentos de una política económica justa para el interior no pampeano.

Los vivificantes vientos de las discusiones empiezan a disipar las nieblas de las falacias propaladas por el PEN. Los carperos de la Plaza del Congreso dan muestras de una tolerancia, no exenta de humor, que pocos esperábamos. Los propagadores de las falacias, muchas veces legisladores de supuesto alto nivel educativo que las repiten acríticamente, están comenzando a quedar desprestigiados. Sin embargo, el hecho de que se hayan transmitido con tanta convicción durante tanto tiempo pone en evidencia algunos de los aspectos más negativos de la cultura argentina. La buena práctica de la democracia (que no es sinónimo de dictadura de las mayorías) requiere sabiduría, responsabilidad, respeto y solidaridad. Estos temas deberían ser de estudio obligado en el sistema educativo formal. Los estudiantes secundarios son obligados a memorizar el Teorema de Gauss de los Polinomios sin saber para qué sirve (si no van a ser ingenieros, no les sirve para nada), pero lo más probable es que la mayoría de ellos nunca haya visto ni la foto de un poroto de soja ni participado en un debate respetuoso basado en buena información previa. La realidad no es lo que le conviene a los politiqueros y querer ocultarla con palabras engañosas es como tratar de protegerse del fuego con las manos: más tarde o más temprano se quemarán.

(CARLOS E. SOLIVÉREZ (*) - Extraido de www.rionegro.com.ar)

(*) Doctor en Física y Diplomado en Ciencias Sociales. csoliverez@gmail.com

Las retenciones, ¿son impuestos?

Técnicamente las retenciones no son impuestos; son instrumentos de política económica que se utilizan para obtener tipos de cambio diferenciados según el producto. El tipo de cambio expresa en moneda nacional el precio de la moneda extranjera. En el caso actual de la Argentina, se establece un tipo de cambio elevado para favorecer las exportaciones industriales y desincentivar las importaciones. Luego ese valor se corrige, en las exportaciones agroindustriales, aplicando retenciones. Sin embargo, como argumentaremos a continuación, cuando las retenciones superan cierto límite se convierten en verdaderos impuestos.

La mejor manera de entender el modo en que operan las retenciones es con un ejemplo. Actualmente el tipo de cambio del dólar se sitúa en 3,17 pesos debido a la intervención del Banco Central, que compra dólares para mantener elevado el tipo de cambio. La intervención del Banco Central se debe al deseo de las autoridades de promover las exportaciones industriales, desestimular las importaciones en general y, con ello, favorecer el empleo nacional.

Analicemos qué pasaría si el Banco Central dejara de intervenir. En este caso, el valor del dólar en el mercado, debido a la sobreoferta, descendería. Imaginemos que el valor del dólar desciende hasta los 1,90 pesos como resultado del libre juego de oferta y demanda en el mercado. Ese "precio de equilibrio" sería el precio por dólar exportado que recibirían los productos agroindustriales. Es el equivalente a una retención del 40% sobre el valor actual del tipo de cambio (3,17 pesos menos 40% = 1,90 pesos).

Del ejemplo podemos extraer una primera conclusión. Cuando el nivel de la retención no hace más que corregir el tipo de cambio artificialmente logrado por la intervención del Banco Central, estamos en el terreno técnico de las retenciones. Los ingresos reales de los agroexportadores no se ven perjudicados por las retenciones, puesto que se limitan a corregir una distorsión provocada del tipo de cambio de equilibrio sin afectar el valor real de sus exportaciones.

Ahora bien. Imaginemos que las retenciones son elevadas al 60%. En este caso éstas no se limitan a corregir el tipo de cambio sino que el exceso sobre el "precio de equilibrio" -el 20% en nuestro ejemplo- persigue un propósito claramente recaudatorio. El problema es que se está enmascarando un impuesto introducido de un modo ilegal. Los impuestos deben ser aprobados por el Congreso y no pueden ser establecidos por simple decreto. Por otra parte, no pueden ser confiscatorios, es decir que existen límites constitucionales al tipo impositivo resultante.

Determinar el límite que convierte una retención "técnica" en un impuesto no es tarea sencilla. Sin embargo, existe una fórmula que le permitiría al gobierno preservar sus objetivos recaudatorios y a los productores, evitar el efecto confiscatorio: sería considerar las retenciones que superan el valor de equilibrio del tipo de cambio como anticipos del Impuesto a las Ganancias o al de Sociedades (serían equivalentes a las "retenciones en origen", que en Europa se aplican al pago de dividendos, intereses o arrendamientos). De esta manera los productores recuperarían luego, al declarar el impuesto, los excedentes pagados por encima del tipo impositivo máximo que les sea legalmente aplicable. Así nadie pagaría un impuesto superior al 35% de sus beneficios. Por otra parte, se acabaría con la economía informal, puesto que para recuperar el anticipo impositivo los agricultores deberían hacer la correspondiente declaración fiscal.

El eje del cuestionamiento a las retenciones pasa por rechazar el valor aparentemente confiscatorio que han alcanzado. Los productores agrarios no cuestionan la existencia de retenciones sino el nivel elevado al que han llegado con el último decreto del Ejecutivo. Los defensores del gobierno se ufanan en demostrar, mediante discutibles operaciones de ingeniería contable, que los productores de soja obtienen unas rentas extraordinarias de las que sería justo apropiarse. Pero esto no es correcto. En una economía capitalista como la nuestra, no existe límite legal al beneficio que pueda obtenerse por la realización de cualquier actividad autorizada. La única obligación legal consiste en abonar el tributo correspondiente, que en el caso del Impuesto de Sociedades es el 35% del beneficio neto.

Muchos de los conflictos que estallan en la Argentina están vinculados con la dificultad crónica de los actores relevantes para sujetarse al imperio de la ley. Si el gobierno utilizara la vía del Congreso para establecer nuevos impuestos se ahorraría algunos. Probablemente evitaría las reacciones airadas de quienes se despiertan un día, encienden la radio y se enteran de que un nuevo impuesto se ha sumado al elevado peso que soportan sus esforzadas espaldas.

(ALEARDO F. LARÍA, abogado y periodista, Madrid - extraído de www.rionegro.com.ar)